La educación, el punto ciego de la sostenibilidad corporativa.

Por: Juan Carlos Meade*

Parte 1

Aunque falta mucho camino por recorrer, las empresas mexicanas han avanzado en hablar con fluidez el lenguaje de la sostenibilidad. Reportan huella de carbono, publican políticas de diversidad, miden gobernanza y compensación y compiten por distintivos de responsabilidad social. Sin embargo, hay una variable que rara vez aparece en esos reportes con el mismo rigor y es la educación . Es una omisión curiosa, porque ninguna otra variable social determina de manera más directa el activo que toda empresa necesita para sobrevivir en los próximos veinte años y se trata del talento que va a contratar hoy y en el futuro.

La pregunta que busco plantear no es si las empresas deberían donar más a escuelas o dar más becas porque eso ya ocurre, de forma dispersa y a menudo invisible fuera de las memorias de sostenibilidad. La pregunta es distinta y es ¿qué pasaría si el sector privado dejara de tratar la educación como una causa social más y empezara a tratarla como trata cualquier otro riesgo material, es decir, con datos, indicadores y un cálculo del Retorno Social de la Inversión sostenida en el tiempo?

La lógica ESG parte de una premisa simple y es que lo que no se mide, no se gestiona y lo que no se gestiona, eventualmente se convierte en un riesgo. Bajo esa misma lógica, la calidad educativa de una región debería figurar en el radar de cualquier empresa con ambiciones de crecimiento sostenido, por tres razones que rara vez se dicen juntas. La primera es la más obvia y es el pipeline de talento. Una empresa que hoy contrata ingenieros, técnicos u operadores está contratando el resultado de decisiones educativas tomadas hace diez o quince años; si esas decisiones fueron deficientes, la escasez de talento que hoy se atribuye al mercado laboral en realidad tiene un origen anterior y estructural. La segunda es la licencia social para operar, una comunidad con movilidad educativa limitada tiende a ver con más desconfianza a las empresas que prosperan a su alrededor sin alterar esa realidad. Y la tercera es la cohesión social como condición de negocio y con esto me refiero a que ninguna estrategia de competitividad territorial (nearshoring incluido) sobrevive de manera sostenible sobre una base social fragmentada.

Dicho de otro modo, la educación no es un tema de responsabilidad social que las empresas eligen apoyar por generosidad. Es, cada vez más, una condición de sostenibilidad del propio modelo de negocio.

Experiencia en otros países de LATAM

América Latina ofrece dos casos que vale la pena mirar con detenimiento, no como modelos para copiar literalmente, sino como evidencia de que esto es posible.

En Brasil, el movimiento Todos Pela Educação nació en 2006 impulsado por un grupo de empresarios y fundaciones corporativas, entre ellas Itaú, Bradesco y Gerdau, con el objetivo específico de generar metas nacionales de aprendizaje medibles y dar seguimiento público a su cumplimiento. Su aporte no fue el dinero que canalizaron hacia las escuelas, sino la disciplina que trasladaron desde el mundo corporativo hacia la política educativa con metas cuantificables, evaluación de resultados y comunicación pública sostenida de los avances y los rezagos.

En Colombia, la Fundación Empresarios por la Educación (ExE) “una organización no gubernamental creada y liderada por empresarios” según su propia definición, construyó un modelo de tres líneas de trabajo que resulta particularmente útil como referencia y que son la implementación de iniciativas empresariales articuladas con política pública, generación de evidencia e investigación sobre calidad educativa y movilización de la ciudadanía y del propio empresariado en torno a la educación como bien público. Ninguna de las tres líneas funciona de manera aislada, su valor está en operar de manera simultánea y coordinada.

Ambos casos forman parte de una red mayor, REDUCA, la Red Latinoamericana por la Educación, que agrupa organizaciones de este tipo en dieciséis países de la región. La existencia de esta red no es un dato anecdótico, revela que el patrón “empresas organizadas alrededor de evidencia educativa” ya es un fenómeno regional consolidado y no un experimento aislado.

Eso sí, hay que mencionar que México no llega tarde a esta conversación. Mexicanos Primero, fundada por un grupo de empresarios mexicanos, parte de esa misma red regional y ha construido durante más de dos décadas una de las plataformas de evidencia y monitoreo educativo más visibles del país. Tiene, además, capítulos regionales activos en estados como Michoacán, Jalisco, Sinaloa y Yucatán. Lo que más llama la atención, es que Nuevo León, uno de los estados con mayor concentración industrial y mayor densidad de sedes corporativas del país, no figura hoy entre esos nodos regionales.

Esto no es una crítica, al contrario, es una oportunidad sin explotar. Nuevo León tiene lo que Brasil y Colombia tuvieron al inicio de sus respectivos movimientos y es una base empresarial suficientemente grande y organizada para sostener un esfuerzo de este tipo. La oportunidad está en el articulador, la instancia capaz de sentar en una misma mesa a gobierno, empresas y organizaciones de la sociedad civil, no como donantes y receptores, sino como generadores de valor que negocian activamente cómo intercambiarlo. El gobierno aporta el mandato y los datos administrativos del sistema educativo; las empresas aportan disciplina de medición, capital y una relación directa con el mercado laboral que valida qué habilidades importan; las organizaciones de la sociedad civil aportan la capacidad técnica de generar evidencia independiente y la legitimidad para sostener el esfuerzo más allá de un ciclo de gobierno. Ninguno de los tres puede construir esto solo y en Nuevo León hoy operan de manera fragmentada.

*Catedrático de Política Pública e Impacto Social en el Tec de Monterrey