Por: Jorge Gracia
Libertad y justicia, son los grandes valores que se vuelven antagónicos en sociedades que no han sabido resolver la desigualdad y la marginación que afecta a amplias capas de la población.
Así encontramos en la historia reciente y en los tiempos actuales, países cuyos líderes optaron por la justicia -según sus criterios- a costa de la libertad de los ciudadanos. Los resultados obtenidos más frecuentes son pueblos que terminan sin justicia ni libertad y aparte empobrecidos.
También encontramos no pocos casos de naciones cuyo arreglo político ofrece libertades que derivan en privilegios de minorías y pobreza de las mayorías.
Las naciones que han tenido éxito en resolver el aparente antagonismo entre libertad y justicia lo han logrado a través de una democracia real. A través de un arreglo político que permite la participación real de la sociedad en la generación de oportunidades de desarrollo para todos sus habitantes a través de reglas claras y justas que se respetan.
La clave para mantener libertades en un ambiente de justicia es la participación activa de la sociedad en la cosa pública, es decir en los asuntos que atañen al interés público.
La democracia representativa a través de partidos políticos es el arreglo más frecuente en los países democráticos avanzados.
En la breve experiencia democrática de México no se ha desarrollado aun un sistema eficaz de representación de los ciudadanos en la vida pública.
Los escándalos de corrupción, el clima de inseguridad, el despilfarro de recursos, la ausencia de rendición de cuentas y aplicación de sanciones, los privilegios de la burocracia, ocurren en una democracia formal en las urnas, bastante manipulable por cierto, que ha derivado en una partidocracia en la que la ciudadanía no ha encontrado una representación eficiente que responda a sus intereses.
En ese contexto tenemos ante nosotros una inminente disyuntiva electoral:
1.- Cambiar el arreglo político de distribución del poder y beneficios entre grupos de interés, retomando prácticas fallidas de injerencia del estado en la economía y en otros ámbitos, con la pretensión de alcanzar mayor justicia, o
2.- Reforzar el modelo de apertura económica para aprovechar su potencial, a la vez que se ofrecen límites a los excesos de la oligarquía política, confiando en que la esencia del modelo es la mejor plataforma para el desarrollo económico, lo que eventualmente traerá menor desigualdad.
Ninguna de las opciones electorales, sin embargo, ha propuesto una apertura clara para que la sociedad participe en la definición de las reformas que se necesitan para mejorar la eficiencia del marco regulatorio y operacional del quehacer político, que permita hacer llegar los beneficios del modelo político – económico a las mayorías.
Hay espacios concretos donde la sociedad podría participar de forma determinante para mejorar sustancialmente el uso de los recursos públicos.
La formación de un Consejo Fiscal Independiente permitiría reorientar el gasto público con criterios de productividad, limitar los excesos y supervisar la aplicación de los recursos.
Los casos de participación de la sociedad en el área de seguridad en Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo León, son ejemplos de los beneficios que puede aportar la participación ciudadana en forma organizada, aun en ámbitos que podrían considerarse exclusivos del gobierno.
En el gran tema de la educación, en la era de la economía del conocimiento, el sector privado y las mismas universidades públicas pueden ampliar su contribución en la planeación y capacitación de los docentes de primaria a preparatoria, para elevar el rendimiento académico de los estudiantes, cuya formación será clave en su productividad y en ingreso de toda su vida laboral.
Ni que decir del potencial de participación de la sociedad en la estructuración de los mecanismos anticorrupción.
Como sociedad debemos entender que la cosa pública rebasó en temas cruciales la capacidad de gestión del gobierno y de los partidos políticos.
Lo que necesita México es más democracia participativa, más que ideas geniales o jugar a cambiar el equipo de gestores. Se requieren visiones nuevas, airear el entramado político con figuras que permitan la participación de la sociedad y propuestas que recojan más directamente el interés de la ciudadanía.
No podemos esperar concesiones gratuitas. Cada grupo político que llega trae propuestas que “ahora sí” van a funcionar y por lo tanto dejan marginada la participación de la sociedad.
Una perversión del arreglo político -peor que la partidocracia- sería utilizar o manipular la participación del pueblo desorganizado con fines de autoafirmación de la agenda del grupo en el poder.
Es tarea de la sociedad organizada, empujar, insistir, para abrir espacios que permitan avanzar a través de una democracia efectiva, hacia una gestión pública más orientada a los intereses de los ciudadanos. Ese sí sería el verdadero cambio.
No más ideas geniales ni súper héroes. ¿Qué opción electoral ofrece el mayor potencial para avanzar hacia una democracia representativa, en la que institutos profesionales, cámaras empresariales, sindicatos, ONG’S, juntas de vecinos, entre otras figuras, podrían hacer aportaciones que renueven la vida democrática?
La cosa pública es demasiado importante para dejarla exclusivamente en manos de los políticos.
