De acuerdo con la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo, la población ocupada en el país disminuyó en 12.4 millones de personas en abril, ante las medidas de contingencia sanitaria. Pasa de 55.7 a 43.3 millones de trabajadores.
De esta cantidad 6.23 millones corresponden a asalariados subordinados, 4.29 millones de trabajadores por cuenta propia, 1.27 millones no remunerados y 558 mil a empleadores.
Otro dato relevante es que 2.1 millones corresponden al sector formal de la economía y 10.3 millones al sector informal. De alguna manera esto anticipa un empobrecimiento de la economía, donde el sector informal (sin prestaciones, liquidaciones, seguros, etc) se ve mucho más afectado.
En términos porcentuales el 34% de las personas que trabajaban en comercio perdieron su empleo o no percibieron ingresos, el 30% en restaurantes u hoteles, el 26% en la industria. Para los servicios la caída oscila alrededor del 10%.
Se debe tomar en cuenta que esta reducción del personal ocupado no representa un aumento en esa magnitud del desempleo, pues la definición del INEGI de desempleado considera que la persona debe estar buscando activamente un nuevo trabajo, algo que es muy complicado en plena cuarentena. Esto eleva la población no económicamente activa de 38.6 a 50.2 millones de personas. Conforme las personas vuelvan a buscar trabajo, la métrica de desempleo aumentará.
Tras la apertura muy gradual en la economía hay secuelas importantes. Los efectos fueron muy notorios en comercio, restaurantes y hoteles. Con la nueva normalidad es poco probable recuperar el nivel previo de demanda en esos sectores en el futuro cercano y por ende el mismo nivel de personal. El impacto en la informalidad es particularmente relevante.
Estamos ante una crisis humanitaria profunda que requiere replantear las políticas públicas para evitar que se convierta en una crisis de largo plazo.