Crecer sin Invertir

El 1 de abril la SHCP dio a conocer los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2027.

Sobresale en las proyecciones que se incluyen en el documento, el crecimiento esperado tanto para 2026 (1.8-2.8%) como para 2027 (1.9-2.9%).

Los pronósticos están basados en tres pilares: El primero es el fortalecimiento del ingreso de los hogares, principalmente por el aumento al salario mínimo y las transferencias directas. El segundo es la inversión en infraestructura estratégica. El tercero es la responsabilidad fiscal como condición que permita sostener el desarrollo.

Nos queremos enfocar en el segundo pilar: la inversión.

En marzo de 2026 y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Global de Opinión Empresarial (IGOEC) elaborado por el INEGI fue de 48.4 puntos y representó una caída de 0.4 puntos en relación con el mes anterior y de 0.9 puntos en su comparación anual. Con esta última observación, el indicador suma 13 meses seguidos por debajo del umbral de los 50 puntos.

A su vez, la Encuesta de Especialistas del Sector Privado de marzo que realiza Banco de México reporta en el apartado de Coyuntura actual para realizar inversiones las siguientes respuestas: Buen momento 0%, Mal momento 43%, No está seguro 48%. La encuesta la contestan 40 especialistas que suponemos son economistas. En el apartado de Clima de Negocios para los próximos seis meses las respuestas de los especialistas lucen menos pesimistas: 33% piensa que mejorará, 48% que permanecerá igual y 20% que empeorará.

La apuesta del gobierno se centra en el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar y el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030, que espera acelere proyectos prioritarios en transporte, energía, puertos, agua y salud, con impactos positivos sobre la productividad, la integración territorial y la competitividad regional.

El documento de Pre-Criterios apunta que el crecimiento económico requiere un Estado que planee, coordine, invierta y elimine obstáculos estructurales, de modo que el sector privado pueda desplegar plenamente su potencial.

La pregunta obligada es de donde van a salir los recursos fiscales para aumentar la inversión en infraestructura al mismo tiempo que se avanza en la consolidación fiscal, que supone llevar el déficit público de 4.9% en 2024 a 4.1% en 2026 y 3.5% en 2027. Por otra parte, se prevé que la deuda pública como proporción del PIB aumente de 52% en 2024 a 55% en 2027.

El gasto neto total proyectado para 2027 es 3.2% menor en términos reales al estimado para 2026, al mismo tiempo que se prevé un aumento del costo financiero de 4.3%.

 El documento es bastante escueto al señalar que el gasto programable pagado se reducirá en 259.5 mil millones de pesos respecto al nivel aprobado para 2026, lo que representa una disminución real de 6.8%.

Más allá de los números, la inversión privada no solo es necesaria, sino indispensable para aumentar la capacidad productiva del país, tanto a través de la expansión de la infraestructura, lo cual es impostergable, como en el gran resto de áreas y actividades que generan el grueso del empleo en el país, a través de las micro, pequeñas y medianas empresas, y de las grandes que son las principales contribuyentes al fisco.

Las decisiones de inversión se basan en algo más que planes, promoción y anuncios. Requieren un entorno de negocios que otorgue certidumbre jurídica, protección a las personas y bienes, y de manera relevante un marco fiscal que permita la capitalización de las empresas para poder invertir.

Latinoamérica se ha quedado atrás en el ajuste a la baja de las tasas de impuestos a las empresas, en relación con las economías desarrolladas. México no es la excepción en el contexto regional.

La economía mexicana está sub-capitalizada, y así seguirá mientras no se destraben los procesos de acumulación de capital privado que permitan aumentar la productividad.

El TMEC es un factor clave para atraer inversiones, pero no es ni de lejos un sustituto de la inversión privada nacional.

El modelo político-económico actual de redistribución del ingreso solo tiene sustento en el mediano plazo con un mayor crecimiento de la economía, y eso requiere detonar la inversión privada.