5 tendencias de sostenibilidad social que definirán el 2026
- Buenaeconomia
- 14 ene
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Por: Juan Carlos Meade Cantú*
En los últimos años, la conversación sobre sostenibilidad ha estado dominada por el cambio climático. Pero 2026 se perfila como un año en el que la “S” de ESG -lo social- toma un protagonismo mucho más claro: transparencia en datos sociales, debida diligencia en derechos humanos (es decir, el proceso formal de revisar, identificar y prevenir riesgos sobre las personas en toda la operación y la cadena de valor) justicia en las transiciones verde y digital, y un uso mucho más responsable (y vigilado) de la inteligencia artificial.
Estas son, a mi juicio, las cinco grandes tendencias que van a marcar el guion de la sostenibilidad social en 2026.
1. Del “cuento” al dato: hacia un reporte social estandarizado y obligatorio
Hasta hace poco, muchas empresas podían hablar de impacto social sin mostrar mucha evidencia (el ejemplo del que siempre hablamos de “pintar la barda” y tomarse la foto). Eso está cambiando rápido. A nivel global, los marcos de reporte se están moviendo hacia datos sociales comparables, auditables y obligatorios.
En la Unión Europea, la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) obliga a miles de empresas a reportar con estándares detallados, incluyendo la dimensión social a través de las normas ESRS (S1–S4), que cubren fuerza laboral propia, trabajadores en la cadena de valor, comunidades afectadas y consumidores.
La OCDE documenta que, en países como México, a partir de 2026 los emisores no financieros deberán presentar un informe de sostenibilidad alineado con las normas del ISSB (el estándar global que está marcando la pauta en cómo las empresas reportan sus riesgos e impactos ambientales, sociales y de gobernanza), que incluye datos sociales (por ejemplo, trabajadores sindicalizados, temporales, etc.) como parte del reporte anual. Vale la pena subrayar que estos requisitos irán en aumento; por eso, en tu estrategia no basta con el cumplimiento básico.
Algo similar está ocurriendo en Asia: a partir de 2026, China (incluida Hong Kong), Singapur y Japón introducirán reportes ESG obligatorios alineados con el ISSB, consolidando un estándar global que abarca también la dimensión social. Esto es importante ya que son los centros neurálgicos de las cadenas de suministro, finanzas y desarrollo tecnológico.
Para que se den una idea de hacia dónde va todo, un buen ejemplo es el de Deutsche Telekom que publica desde 2015 indicadores sociales específicos como los KPIs “Community Contribution” (lo que invierte) y “Beneficiaries” (a quién y cómo beneficia), utilizando la metodología de Business for Societal Impact (B4SI) para medir tanto el “input” como el “impacto” social.
En definitiva, los proyectos sociales ya no son un relato, son una contabilidad social integrada a su reporte corporativo.
Recomendaciones para OSC, consultoras, empresas y gobierno:
OSC: quien no mida y reporte con rigor quedará en desventaja frente a organizaciones que puedan demostrar impacto con datos.
Consultoras: la demanda de apoyo en sistemas de medición, marcos de indicadores y aseguramiento externo va a crecer. Las empresas ya no piden una estrategia romántica de sostenibilidad social por reputación, sino alineadas a marcos internacionales para que sean instrumento de financiamiento.
Empresas: el área de sostenibilidad social debe sentarse junto a Finanzas y Riesgos; ya no es solo comunicación.
Gobierno: si se quiere atraer inversión responsable, es clave alinear la regulación local con marcos globales (ISSB, ESRS). Eso pasa por actualizar requisitos de información en los mercados de valores, incluir indicadores sociales en las compras públicas y desarrollar capacidades para leer y usar esa información en la toma de decisiones.
2. De la “buena voluntad” a la debida diligencia obligatoria en derechos humanos
La segunda gran tendencia es el paso de la responsabilidad social voluntaria a la debida diligencia obligatoria en derechos humanos y condiciones laborales, especialmente en las cadenas de suministro.
En la Unión Europea, la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) -la directiva que regula la debida diligencia en sostenibilidad corporativa-, en vigor desde julio de 2024, obliga a las empresas grandes a identificar, prevenir y mitigar impactos adversos en derechos humanos y medio ambiente, tanto en operaciones propias como en la cadena de valor.
Aunque a finales de 2025 se aprobaron umbrales más altos que reducen el número de compañías cubiertas por estas obligaciones, la lógica de fondo es clara: la debida diligencia deja de ser voluntaria y pasa a ser un deber legal para los grupos empresariales más grandes, con implicaciones contractuales para todos sus proveedores.
Esta presión no viene solo de los reguladores. Organizaciones como Amnistía Internacional han mostrado que grandes fabricantes de vehículos eléctricos no están cumpliendo adecuadamente con la debida diligencia en la cadena de suministro de baterías, por ejemplo en la extracción de minerales críticos (cobalto, litio, etc.), lo que incrementa el riesgo de abusos a los derechos humanos.
Un caso de referencia es el de Novo Nordisk, que publica informes específicos de debida diligencia en derechos humanos, donde describe procesos para identificar riesgos, actualizar políticas y comprometer al consejo de administración con estos temas. Pero no es la única: cada vez más empresas globales integran la debida diligencia en sus sistemas de gestión y gobierno corporativo.
Recomendaciones para OSC, consultoras, empresas y gobierno
OSC: tienen una oportunidad enorme de convertirse en aliados técnicos aportando contexto local, monitoreo independiente y canales de denuncia confiables para personas y comunidades afectadas.
Consultoras: diseñar modelos de debida diligencia social (no solo ambiental) será una de las áreas de mayor demanda, especialmente en cadenas de suministro complejas.
Empresas: ignorar la debida diligencia ya no es solo un riesgo reputacional, sino también regulatorio y financiero; puede cerrar puertas a clientes internacionales e inversionistas.
Gobierno: incorporar la debida diligencia en los marcos legales nacionales puede alinear al país con las nuevas expectativas de la UE y de inversionistas globales. Esto implica, por ejemplo, integrar obligaciones de revisión de riesgos en leyes de sociedades y mercado de valores, incluir criterios de derechos humanos en compras y contrataciones públicas, emitir lineamientos claros para empresas estatales y fortalecer a las autoridades supervisoras para que puedan revisar y usar esta información. No se trata solo de exigir más reportes, sino de crear un marco que premie a quienes gestionan bien sus riesgos sociales.
3. De la filantropía al valor social medido y estratégico
Otra tendencia clara es la profesionalización de la medición del valor social, más allá de la filantropía tradicional. No basta con decir “apoyamos a tal comunidad” sino que hoy se espera que las empresas puedan demostrar qué cambió, para quién y con qué eficiencia gracias a su intervención.
Redes como Business for Societal Impact (B4SI) llevan 30 años desarrollando marcos para que las empresas planifiquen, midan y comuniquen su impacto social con metodologías comunes, permitiendo comparabilidad y benchmarking global. Su enfoque ayuda a ordenar la información en insumos (qué se invierte), actividades, resultados y cambios generados en las personas y comunidades.
A esto sumamos la favorita de la casa, la metodología del Social Return on Investment (SROI), que aporta una capa adicional muy potente traduciendo los resultados en valor (generalmente monetario) para los distintos stakeholders. Lo más valioso del SROI no es solo el número final, sino el proceso para calcularlo ya que obliga a definir desde el inicio qué se quiere transformar con la intervención, quiénes son los grupos clave, qué cambios esperan lograr y cómo se comprobará que esos cambios ocurrieron. Es decir, fuerza a alinear diseño, implementación y medición con una teoría de cambio muy clara.
El informe anual 2024 de B4SI muestra cómo centenares de empresas están pasando de una lógica de “proyectos dispersos” a estrategias de impacto social alineadas al negocio, con métricas de insumos, resultados y cambios generados en las comunidades. En paralelo, cada vez más organizaciones incorporan SROI para complementar esta visión con una lectura de valor generado por peso invertido.
Recomendaciones para OSC, consultoras, empresas y gobierno
OSC: quienes sepan hablar en lenguaje de “valor social medido” y puedan participar en ejercicios de SROI (aportando información de contexto, de cambios reales y de percepción de las comunidades) serán socios mucho más atractivos para empresas e inversionistas.
Consultoras: integrar marcos como B4SI, SROI u otros en la oferta de servicios será clave para acompañar a empresas y gobiernos en el diseño, medición y comunicación de su impacto social.
Empresas: el área social tiene que pasar de “ejecutar proyectos” a gestionar portafolios de inversión social con retornos claros, tanto sociales como estratégicos; metodologías como SROI ayudan a priorizar qué proyectos generan más valor por cada peso invertido.
Gobierno: al diseñar política social y alianzas público–privadas, pueden apoyarse en estos marcos para asegurar que cada peso público y privado genere el máximo valor social posible y para justificar decisiones de asignación de recursos con evidencia.
4. La “transición justa” como corazón de la sostenibilidad social
La cuarta tendencia es que la dimensión social ya no se ve como separada de la agenda climática y tecnológica: se habla cada vez más de “transiciones justas”. Es decir, transiciones verdes y digitales que no dejen atrás a trabajadores, territorios y comunidades.
El PNUD ha desarrollado marcos legales y de política pública para integrar la just transition en planes de desarrollo, asegurando que la descarbonización y la digitalización no generen nuevas brechas de desigualdad.
Informes recientes muestran, sin embargo, que todavía hay una gran brecha: por ejemplo, menos del 3% de la ayuda climática internacional se destina específicamente a apoyar transiciones justas para trabajadores y comunidades que dependen de industrias intensivas en carbono.
Al mismo tiempo, grandes inversionistas globales están empezando a poner más atención en la dimensión social de la transición: el Just Transition Observatory de BNP Paribas subraya que una transición justa debe crear trabajo decente, reducir desigualdad y repartir de forma equitativa los beneficios de la nueva economía baja en carbono.
¿Y cómo se traduce esto para las empresas?
Pues por ejemplo para una compañía que cierra operaciones fósiles o automatiza procesos con IA, la pregunta ya no es solo cómo reduce emisiones o mejora eficiencia, sino:
¿Qué pasa con las personas y comunidades afectadas?
¿Hay planes de reentrenamiento, reconversión laboral, nuevos modelos productivos locales?
¿Se ha incluido a los trabajadores y comunidades en el diseño de la transición?
Todo esto hay que tenerlo en cuenta y tomar cartas sobre el asunto, porque tarde o temprano clientes, inversionistas, reguladores o la propia comunidad lo van a preguntar.
Recomendaciones para OSC, consultoras, empresas y gobierno
OSC: pueden jugar un rol central en dar voz a trabajadores y comunidades afectadas, y en codiseñar planes de transición justa.
Consultoras: integrar el componente de “just transition” en proyectos de clima, energía y digitalización será cada vez más demandado.
Empresas: deben anticipar que inversionistas y reguladores preguntarán no solo ¿qué haces por el clima?, sino ¿cómo cuidas a la gente afectada por ese cambio?.
Gobierno: tiene la tarea de que la transición verde y digital no sea socialmente regresiva. Eso implica, por ejemplo: incorporar el concepto de transición justa en planes nacionales de descarbonización y otras iniciativas afines; diseñar políticas activas de empleo y reconversión laboral para sectores y regiones que dependen de industrias en transformación (energía, manufactura, transporte, etc.); usar fondos públicos e internacionales para crear programas de formación, emprendimiento local y protección social en territorios que puedan verse afectados; y muy importante, abrir espacios formales de diálogo social (empresas, sindicatos, comunidades, gobiernos locales) para acordar cómo se implementan esos cambios.
En resumen: no se trata solo de aprobar leyes climáticas, sino de acompañarlas con políticas sociales que aseguren que nadie se quede atrás en la transición.
5. Inteligencia artificial: nueva palanca (y nuevo riesgo) para la sostenibilidad social
La inteligencia artificial se está convirtiendo en uno de los vectores más importantes (y ambivalentes) para la sostenibilidad social.
Por un lado, en el informe AI for Social Good: Improving Lives and Protecting the Planet de McKinsey (2024) muestra cómo estas tecnologías ya se usan para avanzar en múltiples Objetivos de Desarrollo Sostenible: salud, educación, ciudades sostenibles, inclusión financiera, etc.
En el mundo corporativo, la IA se usa para mejorar la evaluación de riesgos en cadenas de suministro, identificar patrones de exclusión o desigualdad, y optimizar programas de impacto social.
Por otro lado, la IA también puede amplificar sesgos en procesos de contratación, evaluación del desempeño o acceso al crédito, lo que está generando nuevas discusiones sobre ética, gobernanza y derechos humanos en el uso de estas herramientas.
Recomendaciones para OSC, consultoras, empresas y gobierno
OSC: necesitan desarrollar criterio (y alianzas técnicas) para entender cuándo la IA empodera y cuándo excluye, especialmente en servicios públicos y programas sociales.
Consultoras: habrá un nicho clave en diseñar marcos de gobernanza ética de IA, con foco en impactos sociales, no solo en cumplimiento técnico.
Empresas: cualquier uso de IA que toque personas (RRHH, clientes, proveedores) debe considerarse un tema de derechos humanos y sostenibilidad social, no solo de eficiencia.
Gobierno: regular IA sin incorporar criterios de equidad, no discriminación y derechos sociales sería una oportunidad perdida. Es el momento de conectar las agendas de IA responsable con la agenda de sostenibilidad social
2026 como año bisagra para la “S” de ESG
Si algo une estas cinco tendencias es una idea que se ha repetido en todo 2025:
La sostenibilidad social deja de ser voluntaria y narrativa, y se convierte en estratégica, regulada y medible.
Pero quedémonos con estos 5 puntos en la mente:
Se estandarizan los datos sociales y se vuelven parte del reporte obligatorio.
La debida diligencia en derechos humanos pasa del “compromiso” a la exigencia legal.
El valor social se profesionaliza y se conecta con la estrategia del negocio.
La transición justa se vuelve el filtro ético de la agenda climática y digital.
La IA aparece como nuevo campo de batalla donde se decidirá si la tecnología reduce o amplía las brechas sociales.
Para actores públicos, privados y sociales en América Latina y particularmente en México este contexto abre una oportunidad enorme: quien se adelante a estas tendencias no solo va a “cumplir”, va a liderar.
*Director de Alianzas Estratégicas en la Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León
Para vistazo obligado:
1. Reporte FORÉTICA:
2. Artículo - Directiva CSRD:
3. OECD Corporate Governance Factbook 2025:
4. Nordisk Human Rights Report:
5. Legal foundations for just transitions:
6. Just transition observatory – BNP Paribas: https://cdn-
7. AI for Social Good
